La administración del presidente Donald Trump ha puesto en marcha un plan sin precedentes para aumentar drásticamente la revocación de la ciudadanía a estadounidenses naturalizados. Según directrices internas de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) reveladas recientemente, el gobierno ha establecido una cuota de entre 100 y 200 casos de desnaturalización por mes para ser remitidos al Departamento de Justicia durante el año fiscal 2026.
Esta cifra representa un giro radical en la política migratoria, ya que históricamente estos procesos han sido excepcionales, con un promedio de apenas diez casos anuales. El enfoque principal de esta ofensiva legal son aquellas personas que, según las autoridades, “obtuvieron ilegalmente la ciudadanía estadounidense” mediante fraude, ocultamiento de antecedentes penales o falsificación de información relevante durante su trámite.
Entre las categorías prioritarias para el USCIS se encuentran:
- Personas con vínculos a pandillas o carteles de droga.
- Individuos con antecedentes de fraude financiero o de salud pública.
- Quienes omitieron información sobre crímenes graves o violaciones a los derechos humanos.
Organizaciones de derechos civiles han expresado su preocupación, advirtiendo que esta “guerra contra el fraude” podría derivar en una persecución política o afectar a ciudadanos que cometieron errores menores e involuntarios en su documentación hace décadas. Mientras el gobierno busca “restaurar la integridad” del sistema, millones de naturalizados enfrentan hoy un clima de incertidumbre legal.
