El Gobierno de China anunció este viernes que adoptará todas las medidas necesarias para proteger los derechos e intereses de sus empresas, luego de que el Tribunal Supremo de Panamá anulara el contrato de concesión de Panama Ports Company. La filial del grupo hongkonés CK Hutchison calificó el fallo como contrario a la base legal vigente, reservándose el derecho de recurrir a instancias judiciales para revertir la resolución que afecta la operatividad de sus terminales.
El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, subrayó la firme determinación de su nación por salvaguardar las inversiones legales en el extranjero. Esta tensión surge en un contexto geopolítico complejo, ya que la presencia de operadores vinculados a China en los puertos que rodean el Canal de Panamá ha sido motivo de fuertes críticas por parte de la administración del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha interpretado la salida del grupo hongkonés como un avance para la seguridad regional.
Por su parte, el presidente panameño José Raúl Mulino ha sido enfático en defender la soberanía de la vía interoceánica, asegurando que su administración permanece ajena a injerencias externas. Mientras la auditoría local señala irregularidades y perjuicios económicos para el Estado, Pekín vigila de cerca el impacto que este dictamen pueda tener en las negociaciones globales de activos portuarios, reafirmando su postura de defensa ante lo que consideran un quiebre en la seguridad jurídica de sus corporaciones.
