La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa emitió un dictamen favorable para reformar la Ley Orgánica de la Dirección General de Aduanas (DGA), con el objetivo de impedir el ingreso de productos fabricados mediante trabajo forzado o infantil. Esta iniciativa busca alinear el comercio exterior con los derechos fundamentales del trabajo y tratados internacionales de la OIT.
La reforma propone incorporar el artículo 27-A, el cual exigirá a los importadores presentar una declaración jurada asegurando que sus mercancías, en toda su cadena de suministro, están libres de prácticas de explotación. Si la DGA detecta “dudas razonables”, tendrá la facultad de solicitar documentación complementaria para verificar el cumplimiento de las normas laborales.
En caso de irregularidades o falsedad en la declaración, las autoridades podrán:
- Detener trámites y retener mercancía preventivamente.
- Negar el ingreso de los bienes al país.
- Aplicar sanciones administrativas, civiles o penales.
Este mecanismo contará con el respaldo del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Economía, fortaleciendo el análisis de riesgo mediante sistemas informáticos. Esta medida complementa los recientes avances comerciales del país, como el acuerdo de eliminación de aranceles con EE. UU., proyectando a El Salvador como un socio comercial ético y comprometido con la dignidad humana.
