Un operativo del Ejército de Estados Unidos contra una embarcación en aguas internacionales del océano Pacífico oriental dejó un saldo de un hombre muerto y dos sobrevivientes. El Comando Sur justificó la agresión armada bajo el argumento de que la lancha participaba en actividades de narcotráfico y era operada por organizaciones terroristas en rutas de contrabando. Tras ejecutar el ataque, las fuerzas militares coordinaron con la Guardia Costera para rescatar a los supervivientes.
Esta intervención forma parte de la campaña “Lanza del Sur”, una ofensiva marítima implementada por la administración de Donald Trump para desarticular cárteles en América Latina. A la fecha, la estrategia acumula al menos 63 ataques letales y más de 200 muertes en el mar Caribe y el Pacífico.
Sin embargo, las acciones militares en alta mar enfrentan duros cuestionamientos legales. El gobierno estadounidense no ha presentado evidencias públicas de que las naves interceptadas transportaran drogas. Ante esto, expertos internacionales y defensores de derechos humanos advierten sobre posibles ejecuciones extrajudiciales contra civiles que no suponían una amenaza directa. Debido a las denuncias, el organismo de supervisión del Pentágono abrió una investigación formal sobre los protocolos de ataque del Comando Sur.
