La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, destituyó de forma inmediata a siete altos directores policiales de la “Fuerza Élite” tras reprobar la prueba del polígrafo. La medida se tomó tras una rigurosa evaluación de seguridad aplicada a 33 funcionarios de alto rango, de los cuales 26 superaron el test con éxito.
Los oficiales cesados fueron cuestionados bajo un estricto protocolo certificado internacionalmente. El interrogatorio abordó posibles vínculos con el narcotráfico, el crimen organizado y la recepción de beneficios ilícitos. Además de la remoción de sus puestos de confianza, la mandataria ordenó abrir una investigación preliminar que se dirigirá directamente desde su despacho.
Como muestra de transparencia gubernamental, el Ejecutivo aclaró que la propia presidenta, los vicepresidentes, ministros y directores de la DIS y la UEI se sometieron al examen y lo aprobaron.
Este procedimiento se ampara en la Ley del Polígrafo, una normativa impulsada para combatir la corrupción interna y garantizar la idoneidad moral en los cuerpos de seguridad. La drástica purga de los mandos de la Fuerza Pública responde al incremento de la violencia ligada al narcotráfico transnacional en territorio costarricense, lo que ha obligado a endurecer los controles de confianza.
