El gobierno francés, encabezado por el primer ministro Sébastien Lecornu, oficializó un decreto que endurece el control sobre las inversiones de origen no europeo en empresas nacionales consideradas clave para la seguridad e independencia del país. La medida busca evitar adquisiciones oportunistas que pongan en riesgo la soberanía nacional en un entorno geopolítico cada vez más complejo.
Bajo la nueva normativa, el Ministerio de Economía deberá autorizar cualquier adquisición que alcance o supere el 10 % de participación por parte de un inversor ajeno a la Unión Europea en empresas francesas cotizadas en mercados regulados externos. Anteriormente, el umbral de supervisión estatal se activaba únicamente al alcanzar un 25 % de las acciones.
Para evitar entorpecer el financiamiento corporativo en los mercados, el decreto contempla un procedimiento acelerado de revisión. Una vez notificada la transacción a la Dirección General del Tesoro, la autoridad económica dispondrá de un plazo máximo de diez días para determinar si la operación requiere una evaluación más exhaustiva.
Esta actualización responde a las recomendaciones de un informe parlamentario que exigía un cambio de enfoque frente al capital extranjero, equilibrando la protección de los activos estratégicos con el crecimiento financiero empresarial.
