Especialistas en seguridad y sociedad civil alertaron sobre la rápida expansión del mercado ilícito de vapeadores y tabaco en México, durante la presentación del informe Humo, vapeo y poder, el nuevo negocio del crimen organizado, elaborado por Defensorxs. Señalaron que ambos mercados, antes marginales, se han convertido en fuentes estratégicas de financiamiento para siete cárteles, algunos de ellos recientemente designados como organizaciones terroristas por Estados Unidos.
Los especialistas participantes Miguel Alfonso Meza, Presidente de Defensorxs A.C; Oscar Balderas, periodista especializado en seguridad pública; Armando Vargas, Coordinador del Programa de Seguridad de México Evalúa; Rodrigo Peña, Director del Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México y Fernando Escobar, Investigador de Causa en Común, coincidieron en que estas economías ilegales están reconfigurando rutas, cadenas logísticas y estructuras enteras del crimen organizado.
El mercado ilícito de vapeadores: prohibición, vacío regulatorio y control criminal
Los especialistas explicaron que la prohibición de vapeadores y la falta de trazabilidad generaron un vacío que los cárteles ocuparon de inmediato. Hoy controlan importaciones clandestinas —principalmente de origen asiático—, reempaque, venta digital y distribución a través de menores en escuelas y tianguis.
De acuerdo con Defensorxs, organización dedicada a documentar, explicar y visibilizar fenómenos de violencia y crimen organizado, entre las consecuencias más graves identificadas en el comercio ilícito de vapeadores están:
- Extorsión policial alimentada por la ambigüedad legal.
- Reclutamiento de menores como distribuidores.
- Lavado de dinero mediante empresas fachada e importaciones falsas.
- Venta digital difícil de rastrear operada desde la informalidad.
Por su parte, facciones del Cártel de Sinaloa, especialmente los Chapitos, dominan el negocio de vapeadores, mientras La Unión Tepito fortalece su relación con grupos asiáticos para controlar la oferta en la capital.
El Cártel del Noreste ha recurrido como fuente de financiamiento para sus actividades criminales a la venta de vapeadores que traen desde Asia y que revenden principalmente en escuelas y centros de trabajo. Como hicieron Los Zetas en un inicio, el Cártel del Noreste tiene su propia firma —CDN— para distinguir sus cigarros y vapeadores del resto de los cárteles.
Por si parte, debido a la atención que ha puesto el gobierno de Estados Unidos al tráfico de fentanilo que llega desde México, el Cártel del Golfo ha tenido que hacer un giro inesperado: mantener vivas las rutas de tráfico de drogas hacia Texas pero con tabaco ilegal y vapeadores, ya no opioides sintéticos, detalla el reporte.
El tabaco ilícito: contrabando masivo y diversificación criminal
En México, dos de cada diez cigarros consumidos son ilegales, un mercado que mueve entre 15 y 20 mil millones de pesos al año y que fortalece la operación criminal a nivel nacional. Este negocio ha permitido a distintos cárteles consolidar redes completas que incluyen fabricación pirata, bodegas clandestinas, robo de carga, distribución y venta minorista.
El CJNG opera fábricas propias en Estado de México, Morelos y Jalisco, e incluso explora cultivos transgénicos de tabaco para asegurar producción. La Nueva Familia Michoacana utiliza el tabaco ilícito para reforzar control social en Tierra Caliente, mientras que Cárteles Unidos, el Cártel del Golfo y el Cártel del Noreste lo emplean como fuente de recaudación y financiamiento.
Además, las rutas del tabaco ilegal coinciden con las de armas, drogas y migrantes, y la mezcla de mercancía legal con ilegal ha contaminado cadenas de transporte sin que las empresas lo detecten. Los costos derivados de sobornos, robo y cobro de piso explican que una cajetilla ilícita pueda llegar a costar hasta 150 pesos.
Un motor financiero para siete cárteles
El informe documenta cómo siete organizaciones —CJNG, Cártel de Sinaloa (Chapitos), Nueva Familia Michoacana, Cártel del Golfo, Cártel del Noreste, Cárteles Unidos y La Unión Tepito— han convertido vapeadores y tabaco en una “caja chica” que sostiene operaciones, reclutamiento, control territorial y confrontaciones.
“Este mercado ilícito financia armas, logística criminal y enfrentamientos armados en al menos 16 estados catalogados como de alto riesgo”, advirtió Óscar Balmen.
Los especialistas coincidieron en que México necesita una estrategia basada en regulación clara, trazabilidad efectiva, supervisión aduanal y combate a redes criminales, en lugar de políticas que empujan a consumidores y comercios hacia mercados controlados por los cárteles.
