Cuando Donald Trump afirma que Venezuela “robó” petróleo a Estados Unidos, no se refiere a un robo literal reciente, sino a un conflicto histórico ligado a la expropiación petrolera venezolana del siglo XX.
La industria petrolera de Venezuela se desarrolló, en gran parte, gracias a empresas estadounidenses y europeas que, desde inicios del siglo pasado, invirtieron capital, tecnología y mano de obra para explotar los yacimientos del país.
Durante décadas, compañías como Exxon, Chevron y Gulf Oil dominaron la producción petrolera venezolana bajo concesiones otorgadas por el Estado. Sin embargo, en 1976, el gobierno venezolano nacionalizó la industria petrolera y creó PDVSA, pasando el control total del petróleo al Estado. Aunque hubo compensaciones económicas, sectores en Estados Unidos consideran que estas no reflejaron el valor real de los activos.
Desde esa perspectiva, figuras como Trump y su asesor Stephen Miller sostienen que la riqueza generada por inversiones estadounidenses fue “expropiada” y luego utilizada por gobiernos venezolanos para fines políticos y geopolíticos contrarios a Washington.
No obstante, desde el punto de vista del derecho internacional, Venezuela actuó dentro de su soberanía al nacionalizar sus recursos naturales. Por ello, no existe un reclamo legal vigente que obligue a Venezuela a “devolver” petróleo a Estados Unidos. La afirmación de Trump es, más bien, una postura política y retórica, utilizada para justificar sanciones y presión internacional contra el gobierno venezolano.
