El caso de Diego Rivera Pinto, un menor de 12 años con capacidades especiales, ha puesto bajo la lupa la falta de inclusión en el sector educativo privado de El Salvador. Según denunció su padre, Javier Cubías, múltiples instituciones privadas negaron sistemáticamente la inscripción del menor sin realizar evaluaciones previas, cerrando las puertas de forma automática al conocer su condición.
Ante esta exclusión, la familia encontró una respuesta favorable en el sistema público. Diego fue recibido en el Centro Escolar Reino de Dinamarca, en Soyapango, una institución que forma parte del modelo de educación inclusiva impulsado por el Gobierno. En este centro, el estudiante cuenta con el apoyo de una maestra especializada y acceso a herramientas pedagógicas diseñadas para su integración plena.
Noemí Guzmán, psicóloga de la escuela, destacó que el sistema público ofrece evaluaciones profesionales y pruebas estandarizadas de forma gratuita, servicios que en el sector privado suelen tener costos inalcanzables para muchas familias. Este contraste subraya la importancia de fortalecer las políticas de accesibilidad universal, garantizando que la discapacidad no sea un obstáculo para el aprendizaje, sino una oportunidad para brindar acompañamiento profesional y humano en un entorno de igualdad.
