En un firme paso contra la criminalidad que afecta al sector productivo, el Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Miguel dictó una sentencia de 10 años de prisión contra José Ricardo Salvador Fuentes. El imputado fue hallado culpable del delito de extorsión en perjuicio de un comerciante de la zona oriental.
Según las investigaciones fiscales y policiales, el modo de operar consistía en realizar llamadas telefónicas intimidatorias. En estas comunicaciones, Salvador Fuentes exigía dinero a la víctima bajo la amenaza directa de atentar contra su vida y la integridad de su núcleo familiar. Aunque inicialmente el comerciante accedió a las demandas por temor, la valentía de interponer la denuncia ante las autoridades fue clave para romper el ciclo de coacción.
La captura se ejecutó mediante un operativo de la Policía Nacional Civil (PNC), logrando interceptar al ahora condenado justo en el momento en que recogía el efectivo producto del ilícito.
Con este fallo, el sistema de justicia reafirma su compromiso de proteger a los ciudadanos y emprendedores. Esta condena se suma a los esfuerzos de seguridad que vive El Salvador en este 2026, donde la persecución de delitos que afectan la economía familiar sigue siendo una prioridad absoluta para las instituciones estatales.
