El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Salvador dictó sentencias condenatorias contra cuatro individuos que integraban una red criminal dedicada a la estafa y la extorsión. Según las investigaciones presentadas por la Fiscalía General de la República, los ahora condenados utilizaban las redes sociales para suplantar la identidad de profesionales del derecho, ofreciendo servicios jurídicos fraudulentos a familias desesperadas por la situación legal de parientes detenidos.
El “modus operandi” de la estructura consistía en ganarse la confianza de las víctimas, quienes, con la esperanza de resolver los procesos judiciales de sus allegados, realizaron múltiples pagos de diversas cuantías. Sin embargo, tras recibir el dinero, los supuestos abogados cortaban la comunicación o no presentaban avances reales en los casos. La situación se tornaba más grave cuando las víctimas, al agotar sus recursos económicos y no poder realizar más depósitos, comenzaban a recibir amenazas de muerte por parte de los delincuentes para silenciar sus reclamos. Con este fallo judicial, las autoridades buscan enviar un mensaje contundente contra quienes se aprovechan de la vulnerabilidad de los usuarios del sistema de justicia mediante el engaño y la coacción.
