La reciente cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Honduras, Nicaragua y Nepal ha encendido las alarmas entre expertos y sindicatos, quienes advierten sobre una inminente crisis humanitaria y económica. Tras más de dos décadas de vigencia, esta medida —originada tras el huracán Mitch en 1998— amenaza con desarticular la estabilidad de miles de familias que han consolidado vidas y empresas en Estados Unidos.
Desde el sector sindical, Dolores Valenzuela (FECITRAN) señala que Honduras no cuenta con la infraestructura para absorber un retorno masivo. Con más de un millón de desempleados, el cese de las remesas golpearía directamente el consumo básico. Por su parte, la defensora Itsmania Platero subraya que no solo está en juego la economía, sino el patrimonio de 20 años de esfuerzo y el riesgo de una fractura social por la separación de familias.
Pese al desalentador panorama, líderes como José Palma (Alianza Nacional de Tepesianos) y Juan Flores (Fundación 15 de Septiembre) mantienen la esperanza en la vía judicial y diplomática. Se espera que nuevos litigios y negociaciones directas entre los gobiernos puedan frenar una decisión que, de ejecutarse, profundizaría la precariedad laboral y la inseguridad en la región.
