La Fiscalía General de la República (FGR) inició la audiencia preparatoria en el Juzgado Especializado de Extinción de Dominio contra el empresario Alfonso Prado Padilla Marcia y su grupo familiar. El Ministerio Público busca que 27 bienes inmuebles y vehículos, valorados en un incremento patrimonial no justificado de $867,684.28, pasen oficialmente a propiedad del Estado.
Las investigaciones detallan que la intervención de estas propiedades comenzó en enero de 2021, tras recibir información de un testigo que vinculaba los negocios de la familia con el Programa Normandis de la MS-13. Según el expediente, la estructura criminal utilizaba un autolote denominado “Prado”, ubicado en la ruta militar de San Miguel Centro, para realizar inversiones y blanquear capitales.
Entre los bienes cautelados destacan residencias de lujo en la urbanización El Sitio, San Miguel, así como propiedades estratégicas en San Salvador y La Libertad. El análisis patrimonial de la Fiscalía reveló que el valor de adquisición de estos inmuebles no coincide con los ingresos declarados ante la administración tributaria. Con estas pruebas, las autoridades esperan avanzar a la etapa de sentencia para cerrar cualquier espacio financiero a las estructuras criminales y recuperar los fondos para el beneficio público.
