Un reciente informe presentado por el Grupo Internacional de Expertos (GIPES) ante la ONU y la CIDH ha desatado una intensa controversia al solicitar la revisión y liberación de aproximadamente 90,000 personas capturadas bajo el régimen de excepción en El Salvador.
El documento sostiene que las detenciones, realizadas entre 2022 y 2026, carecen de sustento legal individualizado, calificándolas de arbitrarias. Los expertos señalan presuntas violaciones graves, incluyendo torturas y desapariciones forzadas, llegando a tildar las acciones estatales como crímenes de lesa humanidad. Esta postura ha sido respaldada por sectores de la oposición que exigen un retorno al debido proceso.
La respuesta del Gobierno
La administración del presidente Nayib Bukele ha rechazado contundentemente el informe. El vicepresidente Félix Ulloa defendió la medida como la herramienta clave para desarticular a las estructuras criminales. Ulloa argumentó que:
- Los actos de las pandillas deben ser los que se tipifiquen como lesa humanidad.
- Entre 2009 y 2019 se vivió un “genocidio” omitido por la comunidad internacional.
- La prioridad del Estado es la seguridad de la población honrada frente a los grupos terroristas.
Mientras el debate escala en foros internacionales, el país se mantiene dividido entre quienes priorizan la seguridad pública y quienes demandan el cumplimiento estricto de los derechos humanos.
