El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, derogó un dictamen de la era Obama basado en un hallazgo científico clave que sustenta todas las medidas federales para reducir los gases que contribuyen al calentamiento global.
El llamado “dictamen de peligro” de 2009 concluyó que una serie de gases de efecto invernadero representaban una amenaza para la salud pública. Era la base legal de los esfuerzos del gobierno federal para controlar las emisiones, especialmente de los vehículos.
La Casa Blanca calificó esta revocación como la “mayor desregulación en la historia de Estados Unidos”, afirmando que abarataría los automóviles y reduciría los costos para los fabricantes en US$2.400 por vehículo.
Los grupos ambientalistas afirman que la medida es, con mucho, el retroceso más significativo en materia de cambio climático que se ha realizado hasta la fecha y se disponen a impugnarla en los tribunales.
En un discurso desde la Oficina Oval el jueves, Trump afirmó que el fallo de 2009 fue “una política desastrosa de la era Obama que perjudicó gravemente a la industria automotriz estadounidense e incrementó drásticamente los precios para los consumidores estadounidenses”.
“Esta norma radical se convirtió en la base legal de la nueva estafa verde, una de las mayores estafas de la historia”, añadió el presidente republicano sobre la agenda climática de los demócratas.
La Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) se pronunció por primera vez sobre el impacto de los gases de efecto invernadero en 2009, durante el primer año del primer mandato de Obama.
La agencia determinó que seis gases de efecto invernadero clave que contribuyen al calentamiento global, incluyendo el dióxido de carbono y el metano, representaban un peligro para la salud humana.
“Nadie querrá comprar autos estadounidenses”
Para algunos en la industria automotriz estadounidense, la eliminación de normativa generará incertidumbre, ya que la fabricación de vehículos menos eficientes en consumo de combustible podría limitar sus ventas en el extranjero.
“Esta reducción, en cierto modo, consolida medidas ya tomadas, como la flexibilización de los estándares de ahorro de combustible”, afirmó Michael Gerrard, experto en derecho climático de la Universidad de Columbia.
“Pero realmente pone a los fabricantes de automóviles estadounidenses en una situación comprometida, porque nadie más querrá comprar autos estadounidenses”.
Si bien la revocación ayudará a la Casa Blanca a revertir las regulaciones sobre el cambio climático, es probable que haya consecuencias imprevistas, según algunos observadores.
Mientras trabajaba para revocar el fallo, la administración Trump también utilizó el fallo de 2009 para impedir que los estados aprobaran leyes más estrictas sobre las emisiones de carbono.
El hecho de que el fallo otorgara la responsabilidad de regular los gases de efecto invernadero a una autoridad federal también se utilizó para suprimir las demandas interpuestas por individuos u organizaciones a propósito de la cuestión climática.
“La decisión del dictamen de peligro ha bloqueado numerosas demandas y ha sido muy contundente para evitar que las reclamaciones de los demandantes lleguen a los tribunales”, declaró Meghan Greenfield.
“Espero que los estados y las organizaciones sin fines de lucro presenten demandas, probablemente y principalmente en nuestros tribunales estatales, para intentar determinar los límites de esta nueva ley”.
Desafiando la ciencia del clima
Un argumento clave sobre la revocación del dictamen de peligro radicará en la ciencia en la que se basa.
El Departamento de Energía formó un panel de científicos el año pasado para redactar un informe que cuestionaba la ciencia ampliamente aceptada sobre el impacto de los gases de efecto invernadero en el calentamiento.
Ese informe sustentó la propuesta inicial de revocar el dictamen de 2009.
Sin embargo, muchos expertos en clima se quejaron de que el panel responsable del informe no era representativo y estaba compuesto por personas escépticas sobre la influencia humana en el calentamiento, además de que era inexacto y engañoso.
Si bien no está claro en qué medida la administración Trump se basará en este informe para enfrentar cualquier impugnación, un juez federal dictaminó recientemente que el departamento había violado la ley al formar el equipo cuidadosamente seleccionado que lo redactó.
De hecho, una impugnación judicial de la revocación del dictamen de peligro bien podría ser lo que la administración Trump busca ahora.
Muchos expertos legales creen que quieren que la propuesta se someta a prueba en la Corte Suprema antes de que finalice el mandato de Trump, creyendo que, si ganan, el dictamen de peligro pasará a la historia.
“Esto es realmente diferente, ya que la EPA se retira de ese ámbito por completo y quiere hacerlo de forma permanente”, dijo Meghan Greenfield.
“Si ganaran ese caso tal como lo plantearon ante la Corte Suprema, una nueva administración presidencial no podría cambiar esa postura, en ausencia de nueva legislación”, agregó.
