En una sesión decisiva para el sistema penal salvadoreño, la Asamblea Legislativa aprobó, con 59 votos a favor, una reforma constitucional que habilita la cadena perpetua para delitos de alto impacto. Esta medida busca endurecer las penas contra crímenes graves como el homicidio agravado, la violación y actos de terrorismo, marcando un cambio estructural en las sanciones contra grupos criminales.
A pesar del amplio respaldo parlamentario, la diputada Claudia Ortiz, del partido VAMOS, se desmarcó de la mayoría al votar en contra de la iniciativa. Ortiz reafirmó así su postura crítica frente a las normativas de seguridad impulsadas por el actual Gobierno, las cuales —según el bloque oficialista— han sido fundamentales para devolver la tranquilidad y el bienestar a las familias salvadoreñas.
Un sistema penal en transformación
La aprobación de esta reforma representa un giro significativo en la política criminal del país. Mientras los promotores de la medida aseguran que la prisión de por vida es una herramienta necesaria para castigar severamente a quienes atentan contra la sociedad, la legisladora de VAMOS se mantiene como una de las voces opositoras más visibles, cuestionando el enfoque de estas reformas dentro del marco legal vigente.
Con este paso, El Salvador se encamina a implementar sanciones que buscan cerrar cualquier posibilidad de libertad para los perpetradores de delitos atroces, consolidando la estrategia de seguridad nacional que ha definido la actual legislatura.
