El Salvador inicia oficialmente el período de propaganda para las elecciones presidenciales, marcando el comienzo de la contienda política en el país. Aunque la Constitución otorga a los partidos el derecho a difundir sus propuestas por medios lícitos, el Código Electoral impone claros límites legales que las agrupaciones deben respetar obligatoriamente.
Entre las principales restricciones destaca la prohibición absoluta de difamar, calumniar o vulnerar la moral y vida privada de los candidatos. Asimismo, quedan prohibidas las pintas en espacios públicos, monumentos, señales de tránsito o inmuebles privados sin autorización, permitiéndose únicamente la pega de afiches en zonas urbanas.
El Tribunal Supremo Electoral vigilará el cumplimiento de estas normas e impondrá sanciones económicas que van desde los $1,142.85 hasta los $5,714.28 a las directivas infractoras. Tampoco podrán realizar propaganda los militares, miembros de la policía, funcionarios públicos ni ministros de culto religioso.
Adicionalmente, se suspenderá la publicidad gubernamental 30 días antes de los comicios y se prohibirá la difusión de encuestas 15 días antes de las votaciones. La campaña concluirá con el silencio electoral tres días antes del evento electoral.
