El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, denunció públicamente la existencia de una colusión entre narcotraficantes, políticos locales y estructuras del crimen organizado para financiar y coordinar los bloqueos de carreteras que afectan al país. Durante un mensaje a la nación emitido la noche del 13 de septiembre de 2026, el mandatario afirmó que estos grupos instrumentan el descontento social para generar desorden y desestabilizar a su gobierno.
Según las investigaciones de inteligencia, operan alianzas delictivas en puntos clave como Río Hondo, Cuyotenango y Villanueva, donde actores políticos y pandillas pagan a manifestantes para paralizar el tránsito. Aunque reconoció la legitimidad del malestar por el costo de la vida, Arévalo enfatizó que las protestas degeneraron en acciones criminales, por lo que presentará denuncias ante el Ministerio Público.
Para restaurar el orden, el Ejecutivo desplegó a la Policía Nacional Civil y al Ejército bajo una política de tolerancia cero. Estas acciones permitieron reabrir rutas estratégicas y movilizar cerca de 400 cisternas de combustible para abastecer gasolineras.
Arévalo atribuyó el alza de carburantes a la volatilidad internacional del petróleo y urgió al Congreso a aprobar un subsidio de Q2,500 millones para fijar precios máximos.
