Bajo la gestión del presidente Javier Milei, Argentina experimenta un acelerado auge minero impulsado por la flexibilización normativa y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), un programa de exenciones impositivas diseñado para atraer miles de millones de dólares. Con una reforma a la ley de protección de glaciares ya promulgada, el Gobierno busca expandir la explotación de vastas reservas de oro, litio y, especialmente, cobre, un mineral clave para la transición energética y la inteligencia artificial. Las exportaciones del sector alcanzaron los 6,000 millones de dólares en 2025, y las proyecciones apuntan a superar los 20,000 millones anuales para 2035.
Sin embargo, este crecimiento ha profundizado el debate en las comunidades locales de la Cordillera de los Andes, como en la provincia de San Juan. Mientras que proyectos de gran escala como “Los Azules” generan cientos de empleos directos e indirectos, la flexibilización de las leyes ambientales mantiene en alerta a organizaciones ecologistas y agricultores. La principal preocupación radica en el impacto hídrico sobre los glaciares y humedales de alta montaña, abriendo una tensa disyuntiva entre el desarrollo económico y la preservación del agua en zonas tradicionalmente afectadas por la escasez.
