El Gobierno de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, oficializó una nueva normativa dictada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que permitirá remitir miles de solicitudes de asilo directamente a los tribunales de inmigración sin conceder una entrevista previa a los peticionarios.
La disposición, que entra en vigor con su publicación en el Registro Federal, faculta a los funcionarios de revisión a derivar los expedientes a las cortes e iniciar procesos de deportación sin escuchar el testimonio inicial de los afectados. El director de USCIS, Joseph Edlow, fundamentó la medida en la necesidad de agilizar los trámites y frenar supuestos abusos en el sistema. Se estima que esta regulación impactará a más de 440.000 solicitudes activas.
La iniciativa profundiza la política gubernamental orientada a restringir el asilo y acelerar las expulsiones. Adicionalmente, el Ejecutivo ha reestructurado el personal judicial del Departamento de Justicia con magistrados alineados a su agenda y flexibilizó los requisitos para designar jueces temporales sin experiencia previa en materia migratoria. Organizaciones especializadas señalan un alza drástica en los rechazos judiciales, alcanzando una tasa de denegación cercana al 94 % en los registros recientes.
