En una jornada histórica para el marco institucional de Paraguay, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 78 votos a favor, el libelo acusatorio para iniciar un juicio político contra el presidente Santiago Peña Palacios por mal desempeño de sus funciones.
El detonante de la crisis política fue el colapso e intervención del Ueno Bank por parte del Banco Central. La entidad financiera privada, vinculada al mandatario, albergaba millonarios fondos públicos como las pensiones del Instituto de Previsión Social. El congelamiento de sus cuentas afectó a cerca de tres millones de ciudadanos, desencadenando masivas movilizaciones sociales en el país.
Horas antes del debate, Peña presentó su renuncia, pero la sesión bicameral para evaluar su dimisión se levantó por falta de cuórum tras la retirada del oficialismo. Al no formalizarse la salida, el pleno avanzó con el enjuiciamiento. La destitución despojaría al gobernante de su inmunidad y del fuero de senador vitalicio, dejándolo expuesto a las investigaciones de la Fiscalía General del Estado.
Tras constituirse el Senado como tribunal juzgador, Santiago Peña confirmó que no abandonó el territorio nacional y acudirá a ejercer su derecho a la defensa con pruebas.
