El Gobierno de Venezuela, liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, sorprendió al calificar como “deportación” la entrega del empresario colombiano Alex Saab a las autoridades de Estados Unidos. Tras haberlo defendido en el pasado como un “hijo de la patria” y otorgarle cargos ministeriales, el oficialismo desconoce ahora su nacionalidad venezolana, un giro estratégico para evadir el artículo 69 de la Constitución que prohíbe taxativamente la extradición de sus ciudadanos.
Expertos legales señalan que revocar una nacionalidad exige un largo proceso judicial en el Tribunal Supremo de Justicia que nunca se hizo público, calificando la maniobra como una burla a la Carta Magna. Analistas políticos sugieren que este movimiento responde a un reacomodo interno de poder bajo la lógica de los hermanos Rodríguez, quienes buscan estabilidad y concesiones en su relación con el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump.
Por su parte, se presume que Saab, quien enfrenta acusaciones por lavado de dinero y conspiración, podría colaborar nuevamente con la justicia estadounidense aportando información clave en los procesos judiciales que continúan vigentes contra el derrocado mandatario Nicolás Maduro. La entrega evidencia el pragmatismo de un Gobierno dispuesto a sacrificar figuras leales con tal de sostenerse en el poder.
