En un giro radical que redefine el sistema de inmigración legal, la administración de Donald Trump ordenó que la mayoría de los solicitantes de residencia permanente que residen en EE. UU. con visas temporales o permisos humanitarios salgan del país para completar su trámite en consulados del exterior.
La medida quedó oficializada mediante un memorando del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), el cual establece que el ajuste de estatus dentro del territorio estadounidense será tratado de ahora en adelante como un beneficio “extraordinario”, aprobado únicamente bajo circunstancias excepcionales. Según el portavoz de USCIS, Zach Kahler, la directiva busca retomar el propósito original de la ley, asegurando que los no inmigrantes abandonen el país al finalizar su estadía temporal.
Por su parte, abogados y analistas del sector estiman que la disposición afectará a cientos de miles de profesionales, estudiantes y beneficiarios de programas humanitarios, como ciudadanos ucranianos y afganos. Aunque el gobierno justifica el cambio bajo argumentos de eficiencia operativa y reasignación de recursos, expertos legales afirman que la medida contradice la Ley de Inmigración y Nacionalidad, por lo que anticipan inmediatas demandas en los tribunales federales.
