Las organizaciones no gubernamentales (ONG) que recientemente comparecieron ante el Congreso de los Estados Unidos para denunciar supuestas violaciones de derechos humanos en El Salvador enfrentan una fuerte crisis de credibilidad. Tras la audiencia, entidades como Cristosal, El Faro y Human Rights Watch han intentado reformular su discurso para desligarse de las declaraciones que las posicionaron como defensoras de criminales.
Durante el encuentro, quedó registrado en video cómo los representantes de estas organizaciones afirmaron que los derechos de los victimarios deben “prevalecer” sobre las políticas de seguridad del Estado. Incluso, se negaron rotundamente a calificar a la MS13 como un grupo terrorista. Ante este escenario, el presidente Nayib Bukele señaló que la audiencia fue una “debacle” para estas organizaciones, ratificando su rol como protectores de delincuentes y no de las víctimas.
El “tiro por la culata”
Para el analista político Mauricio Rodríguez, la estrategia de las ONG resultó contraproducente. Rodríguez destaca que los congresistas estadounidenses valoran los resultados del Plan Control Territorial, especialmente en el combate al narcotráfico y la reducción de la migración forzada.
El analista cuestionó duramente la omisión histórica de estas organizaciones:
- Nunca se pronunciaron por las víctimas de la masacre del microbús incendiado.
- Guardaron silencio ante los asesinatos de trabajadores en Opico.
- Ignoraron sistemáticamente las violaciones y extorsiones sufridas por la población honrada durante décadas.
Hoy, mientras el país experimenta niveles de seguridad sin precedentes, estas ONG buscan legitimar su postura alegando que defienden “inocentes”, a pesar de que su retórica ante Washington priorizó los privilegios de quienes mantuvieron a El Salvador bajo el terror.
